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domingo, 6 de mayo de 2018

Brasil, la democracia amenazada, Violencia y soluciones autoritarias centran el debate electoral.


A unos diez minutos del aeropuerto internacional de Galeao, antes de llegar a la maloliente bahía de Guanabara, aún se mantiene la valla adornada entonces con alegres murales que daban la bienvenida a la ciudad olímpica de Río 2016. Detrás se esconde la favela de Maré, donde el 2014 –el año del Mundial brasileño de fútbol– miles de soldados ocuparon uno de los barrios mas pobres y conflictivos de la ciudad.

Entonces, la intervención del ejército federal se justificó como una medida puntual, parte de un proyecto de pacificación en las favelas coincidente con la celebración de los dos megaeventos deportivos. Los líderes comunitarios en Maré, de 130.000 habitantes, una de las favelas más grandes de Río, advirtieron que, a parte de cobrarse decenas de vidas, la operación no serviría para nada. Uno de esos líderes era Marielle Franco, una joven concejal afrobrasileña, integrante de una nueva generación de políticos de la izquierda en Brasil que pretendía buscar soluciones no militares a la crisis de las favelas e inyectar oxígeno a un sistema político podrido por la corrupción e infiltrado por la delincuencia organizada.


Temer despliega otra vez al ejército en las favelas pese a fracasar la operación de l Mundial


La valla sigue tapando las vistas a las infraviviendas y las cloacas abiertas de Maré, aunque los murales se han ensuciado y borrado. A principios de año, el general Eduardo Villas Boas reconoció que aquella operación militar del 2014, que costó 441 millones de reales extras (más de 105 millones de euros) al gasto social en Río durante los cinco años anteriores, había sido, efectivamente, un fracaso: “Resultó inútil; estuvimos catorce meses en las favelas de Maré y la semana después de nuestra salida, el statu quo anterior había sido restablecido, completamente”.

La confesión resultaba cuando menos irónica, ya que el general había sido convocado por el Parlamento para explicar la polémica decisión del presidente Michel Temer de desplegar el ejercito federal otra vez ya no sólo en Maré, sino en todas las favelas y los distritos conflictivos de la periferia hipermarginada de Río, en una gigantesca operación militar que durará al menos hasta las elecciones de octubre. Ahora, otra vez, delante del muro que tapa las vistas a Maré, esperan grupos de soldados armados con enormes ametralladoras.

Sólo la corrupción endémica de la clase política preocupa más que la violencia


Temer justificó el despliegue de mas de 10.000 soldados, apoyados con tanques y helicópteros, por el recrudecimiento de las guerras entre los respectivos cárteles de narcotraficantes en las favelas, y una serie de incidentes con robo violento ocurridos durante el carnaval. Pero, a seis meses de las elecciones presidenciales, parece lógico pensar que existe algún motivo electoralista detrás de la draconiana medida.
El opositor Navalni, entre los más de mil detenidos en protestas contra Putin

La delincuencia y la violencia se han convertido en uno de los asuntos clave de esta precampaña y Jair Bolsonaro, exmilitar y candidato de la ultraderecha, ya tiene verdaderas posibilidades de llegar a la segunda vuelta electoral gracias en gran parte a sus promesas de emplear mano dura contra los “bandidos”. Ocho de cada diez residentes de Río dicen que apoyan el despliegue militar.

Incluso en las propias favelas, la opinión está dividida entre quienes temen la violencia del ejército y aquellos que creen que puede ayudar a que el Estado recupere el control.

“La violencia en Rocinha ha subido mucho en el ultimo año; hay tiroteos cada noche y tenemos miedo”, dice Lau di Ceia, una residente de 48 años, madre de dos adolescentes en esta enorme favela donde doce personas murieron en batallas entre grupos rivales de narcotraficantes en una sola semana de marzo. “Mis hijos no pueden salir por la noche; aquí aún no he visto al ejército, pero quiero que venga”.

Un candidato ultra a la presidencia ve bien un golpe militar, igual que el 40% de población


La única cuestión que preocupa más a los brasileños que la violencia y la inseguridad –según los sondeos– es la corrupción endémica en la clase política y empresarial. Es un motivo más para que Temer decidiera ponerse al frente de una intervención militar en las favelas. A fin de cuentas, aunque toda la atención mediática se ha centrado en las últimas semanas sobre el apartamento tríplex en la playa de Guarujá supuestamente regalado como soborno al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, hay pruebas mucho más concretas de la corrupción de Temer. Le grabaron dando luz verde a un soborno para comprar el silencio de un compañero de partido encarcelado, aunque el Congreso rápidamente cerró la puerta a una investigación judicial.

Sólo el 6% de los brasileños dicen tener confianza en el Gobierno de Temer, pero el 56% se fía del ejército, que es la institución más admirada de todas. Temer, apoyado por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, espera que la operación militar pueda fortalecer una candidatura centrista en las elecciones que, en estos momentos, siguen polarizadas entre Lula, que lidera los sondeos, y Bolsonaro, que ocupa el segundo puesto. El actual presidente ya ha manifestado su interés en presentarse, aunque las encuestas y los jueces van en su contra.

La invasión militar de las favelas en Río es sólo un ejemplo de cómo la violencia y las promesas de soluciones autoritarias empiezan a protagonizar las elecciones más tensas y polarizadas desde el fin de la junta militar en 1988. Un grupo de seguidores de Bolsonaro dispararon contra la caravana electoral de Lula. Y el encarcelamiento del expresidente ha caldeado aún más el ambiente.

Por si fuera poco, Bolsonaro se ha mostrado partidario en repetidas ocasiones de un golpe militar, una propuesta que, por extrema que resulte, sintoniza con las opiniones de casi el 40% de brasileños que, según un sondeo del instituto Pew, piensa que “una solución militar para los problemas de Brasil sería positiva”.

Cuando el mismísimo general Villas Boas anunció el mes pasado que el ejército se sentiría inquieto si el Tribunal Supremo concediera el habeas corpus a Lula, se despertaron los fantasmas de la dictadura. “Tengo la espada al lado y el caballo preparado, comandante”, respondió un oficial del ejército. Una conversación grabada de tripulantes del avión de las fuerzas aéreas que transportó a Lula a la cárcel reforzó la impresión de que el pasado más siniestro ha vuelto al lenguaje de los brasileños: “Manda esa basura ventanilla abajo”, dijo alguien en referencia al expresidente. Por si el ruido de sables no bastara, las balas de los paramilitares ya han dejado huella ensangrentada en esta precampaña. El ejemplo más atroz de violencia política hasta la fecha fue el asesinato en marzo de la citada líder comunitaria de la favela de Maré, Marielle Franco, cuyo coche fue acribillado en el centro de Río el mes pasado.

A los 32 años, Franco era una de las concejales más activas en las denuncias de la violencia y corrupción policial en las favelas y de la presencia de milicias paramilitares integradas por expolicías vinculados a los partidos de la derecha. El mes anterior a su muerte había denunciado la corrupción del Batallón 41 de la policía militar y sus actividades delictivas en la favela de Acari. Se había manifestado enérgicamente también en contra de la decisión de mandar al ejército a las favelas. “No faltaban motivos para matar a Marielle; había denunciado la corrupción y la violencia sistémica de la policía y era una estrella ascendente en la política con una capacidad única para competir con los partidos de la derecha en la periferia de la ciudad”, decía el crítico cultural Sergio Martin de la Universidad Jesuita de Río.

Coincide Robert Muggah, fundador del Instituto Igarapé en Río, especializado en delincuencia y seguridad, y que colaboraba con Marielle Franco en la favela de Maré. “Todo indica que ha sido una asesinato político, un aviso a la izquierda, realizado por una milicia; probablemente para silenciar a Marielle”, explicaba.

“Cada vez hay más competencia entre milicias y traficantes para controlar el voto; infiltran el aparato político, financian campañas y compran candidatos a través de terceros, como la iglesia evangélica”, explica.

Marco Feliciano, el pastor evangélico y diputado ultraconservador de São Paulo, bromeó tras el asesinato de Franco con que “la bala tardó en matar a la izquierdista porque no encontraba el cerebro”. Según los cálculos del Instituto Igarapé, más del 20% de Río ya está controlado por los 112 grupos de milicias y los cuatro cárteles de narcotraficantes. “El Estado ha perdido el monopolio de la fuerza en estas áreas”.

No sólo los grupos de ultraderecha son compinches de las milicias. El exgobernador de Río Sergio Cabral –ahora preso por cohecho y blanqueo de dinero– y Eduardo Paes, alcalde durante los Juegos, aplaudieron en su día el auge de los paramilitares en Río. Paes elogió en su primera campaña electoral las “milicias de expolicías y bomberos que ya garantizan la seguridad” en Jacarepaguá, un barrio de la periferia colindante con la Villa Olímpica.

Cabral y Paes –ahora afincado en Nueva York, pero probable candidato a gobernador de Río– pertenecen al mismo partido que Michel Temer, el Movimiento Democrático de Brasil (MDB). Según el ministro de Seguridad Pública en Brasilia, es “muy probable” que los responsables del asesinato de Marielle Franco formen parte de esas milicias.

Pero lo más preocupante es que la justicia brasileña –aplaudida en tantas conferencias internacionales por sus investigaciones anticorrupción– parece mucho menos implacable con los pistoleros de la derecha que con los líderes de la izquierda. Mes y medio después de la ejecución de la joven concejal, nadie ha sido detenido.lavanguardia

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