Caso Bernstein. Entre declaraciones y replicas. Una verdad. No hay acusación directa contra el gobierno - .

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sábado, 10 de marzo de 2018

Caso Bernstein. Entre declaraciones y replicas. Una verdad. No hay acusación directa contra el gobierno

MUY oportuna la declaración del representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, quien dijo ayer que : “La República Dominicana está en perfecto uso de su derecho para establecer las medidas en materia migratoria que considere oportunas, sean ellas cuales sean, siempre y cuando esas medidas se enmarquen dentro de las políticas migratorias respetuosas con los derechos humanos y los más altos estándares internacionales en esa materia, cosa que, tengo que decir desde el sistema de las Naciones Unidas,  hasta ahora la República Dominicana ha venido cumpliendo a cabalidad”, manifestó.

 En cuanto a las declaraciones de Robin Bernstein, nominada para ser embajadora de Estados Unidos en el país, de que trabajará para que se respeten los derechos de los descendientes de haitianos que resultan afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, Jiménez de Luis se limitó a decir que no puede comentar nada en torno a ese tema. “No tengo comentarios, no puedo comentar nada en torno a lo que haya dicho o podido decir la señora nominada como futura embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana”, expresó. Jiménez de Luis habló durante un acto de cierre de convenio de colaboración en materia educativa con el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).

¿Qué es ser apátrida?, fundamentalmente, es una persona que no tiene nacionalidad legal. ¿Existe la apatridia en esta nación? Desde el momento que una sola persona nacida de inmigrante en situación migratoria irregular no tiene acceso a su registro de nacimiento y como expresión de su nacionalidad, ocurre la apatridia. ¿Hay apátridas en República Dominicana? De acuerdo al portal WikipediA: “Las autoridades de esta nación caribeña llevan varios años expidiendo medidas para negar la nacionalidad a los nacionales de origen haitiano. La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, dictada el 23 de septiembre de 2013, le negó el registro de nacimiento a hijos e hijas de migrantes haitianos. Llegó incluso a aplicarse de forma retroactiva a las personas nacidas entre 1929 y 2010; es el caso más grave, masivo y visible de apatridia forzada en el continente.

En 2014, el gobierno de Danilo Medina anuló la decisión del Tribunal mediante una nueva ley que otorgaría un estatus definido a los inmigrantes haitianos y a los dominicanos de origen haitiano”. Es decir, se está en vías de resolver el problema y que todavía atañe a una minoría de personas, lo que no significa que esta nación se acepte o tolere la existencia de personas que no tengan nacionalidad. Ahora bien, hay grupos de mentalidad colonialista cultural y profundamente anti extranjeros y en particular anti haitianos, que abogan por la negación absoluta de su nacionalidad a personas nacidas en este país de padres extranjeros indocumentados, específicamente haitianos y lo que fue reconocido y alentado por la infame sentencia del Tribunal Constitucional TC-0168-13, disposición que quedó neutralizada por la emisión de la Ley Especial PE-0169-14, que rescató el estatuto legal de 200 mil haitianos indocumentados y reconoció a 55 mil personas, la mayoría hijas de haitianos como dominicanos de origen haitiano.

 Con todo, hay una profunda animadversión de grupos de presión, como historiadores, periodistas, políticos, clase intelectual, etc.., que se niegan a aceptar, que en el país hay casos aislados de apatridia y lo que efectivamente existen y lo que por ningún concepto signifique que ese sea el criterio general. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara es un dominicano hijo de indocumentados ingleses caribeños. Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, un apátrida es definido como: Cualquier persona a la que ningún Estado considera destinataria de la aplicación de su legislación. Ayer, el historiador Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, expresó que supuestamente, “En nuestro país no existe apatridia, no existe trato discriminatorio contra nadie, y mucho menos contra los haitianos” y en lo que está absolutamente equivocado.

Señaló que la sentencia 168-13 “no es exclusiva para los haitianos, sino que atañe a todos los extranjeros que estaban en situación irregular, y a lo mejor hay americanos”.  Entiende que la postulante estadounidense a embajadora en esta nación, “está mal orientada sobre la situación en República Dominicana”. De su lado, el ultranacionalista, Pelegrín Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista, señaló en entrevista periodística, “que si la embajadora Bernstein y el senado norteamericano de verdad quieren que se resuelva el problema de la falsa apatridia deben hablar con su colega en Haití para que reclame al gobierno haitiano el respeto al tratado de Washington de 1938, por el que Haití queda obligado a documentar a sus nacionales.

Una cosa es indocumentación y otra es apatridia, y deliberadamente y por años y con gran malicia, desde Estados Unidos se ha querido confundir y enredar para crear una minoría nacional haitiana que imponga su voluntad en República Dominicana”. DE todas maneras, hay un dato capital que debe ser entendido, la señora Bernstein no se refirió al gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, sino específicamente al Tribunal Constitucional y lo que ayer puntualizó al gratuito DL, el señor Chase Beamer, Consejero para Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos, quien puntualizó que “los comentarios de la Embajadora designada Bernstein son coherentes con las políticas establecidas de los Estados Unidos en apoyo a los derechos humanos, independientemente de ascendencia u origen. Valoramos los esfuerzos del Gobierno dominicano por restaurar la nacionalidad a esta población, de acuerdo con los acuerdos suscritos internacionalmente, y asegurar que ningún ciudadano sea marginado debido a su raza o etnia”.

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