Negarian “Green Card” a inmigrantes que usan ayudas del gobierno - .

La Actualidad

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sábado, 10 de febrero de 2018

Negarian “Green Card” a inmigrantes que usan ayudas del gobierno


Este plan le negaría la residencia legal a miles de inmigrantes
Alerta en la comunidad inmigrante al conocerse de las intenciones del gobierno de Donald Trump de restringir el acceso de inmigrantes a la residencia legal o “Green Card”.

Trump está considerando hacer más difícil para los extranjeros que viven en los Estados Unidos la obtención de la residencia permanente si han recibido ciertos beneficios públicos, tales como la asistencia alimentaria, según informó Reuters.

El Departamento de Seguridad Nacional ha propuesto nuevas normas que permitirían a los funcionarios de inmigración examinar detenidamente el uso potencial por parte de inmigrantes de ciertos beneficios públicos financiados por los contribuyentes para determinar si dichos inmigrantes han de convertirse en una carga pública.

“Los no ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y dependen del gobierno de Estados Unidos y las entidades estatales y locales para obtener recursos en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas”, señala el documento.

Por ejemplo, los agentes migratorios podrían mirar si el solicitante de una “green card” ha inscrito a un niño en los programas de preescolares públicos o subsidios para facturas de servicios públicos o las primas de seguro médico recibido.

“La recepción de un extranjero de las prestaciones públicas viene a expensas del contribuyente y la disponibilidad de los beneficios públicos puede proporcionar un incentivo para los extranjeros que emigran a los Estados Unidos.” añade el informe.

Las normas no se aplicarían a los residentes permanentes que solicitan la ciudadanía, pero se aplicarían a las personas que viven o trabajan en los Estados Unidos, incluyendo a los miembros cercanos de la familia de ciudadanos de Estados Unidos y de los trabajadores empleados por las empresas estadounidenses.

El proyecto aún no ha sido aprobado por la alta dirección, pero de aplicarse se alejaría de la política actual que prohíbe que los agentes migratorios tomen en cuenta esta información para determinar si un inmigrantes está calificado para obtener su “Green Card”.

Bajo el proyecto que estudia la administración Trump, una persona se consideraría una “carga pública” si dependen de “alguna ayuda del gobierno en forma de dinero en efectivo, cheques u otras formas de transferencias de dinero, o instrumento, así como asistencia que no sea dinero en efectivo pero si en forma de ayuda , servicios, u otra reparación”, concluye el documento.


En concreto, el cambio propuesto permitiría que las autoridades migratorias puedan negar la “tarjeta verde” u otro ajuste migratorio a quienes considere que puedan depender de ciertos beneficios públicos para ellos o sus hijos nacidos en EEUU.
La Administración ya había intentado algo similar el año pasado mediante una orden ejecutiva filtrada a la prensa pero que nunca se adoptó oficialmente.
La ley migratoria actual define como “carga pública” a individuos que reciben ayuda del gobierno como un subsidio directo, o a través de programas financiados por el gobierno, incluyendo cupones de comida.
Pero el DHS quiere ampliar el escrutinio de los beneficios públicos que reciba un extranjero o su familia en el futuro, argumentando que el uso de esas ayudas por parte de extranjeros puede “proveer un aliciente para que los extranjeros emigren a Estados Unidos”.
Es decir, el DHS recurre al conocido argumento de los ultraconservadores de que los inmigrantes son una “carga pública” porque utilizan programas financiados con los impuestos de los estadounidenses.
Un estudio de 2016 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina determinó que entre los hogares inmigrantes con menores de edad, el 5,5% recibe subsidios públicos, y el 4% recibe ayuda de vivienda. A manera de comparación, entre los hogares estadounidenses, los porcentajes son del 6,3% y 5%, respectivamente.
De implementarse, el cambio permitiría que el DHS tome en cuenta si un extranjero –ya sea que solicita la residencia permanente u otro tipo de visa- recibe beneficios como “Head Start”, el “Programa de Cuidado de Salud para Niños” (“CHIP”, por su sigla en inglés),  cupones de comida, asistencia alimentaria para “WIC”, “Medicaid”, subsidios de vivienda, de transporte, calefacción, o para la compra de seguro médico bajo “Obamacare”.
Según el abogado Alvaro Huerta, del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), el cambio “afectaría a personas que intentan inmigrar al país, por ejemplo con visas de educación, o a personas que ya están en EEUU y quieren ajustar su estatus a la residencia permanente…esto no afectaría a quienes solicitan la ciudadanía”.
“Hay que recalcar que se trata solo de un borrador que no se ha propuesto oficialmente, y habría tiempo de lucha contra este posible cambio… es importante asegurar que el público tenga la información pero no sienta miedo, porque nada ha cambiado todavía”, enfatizó Huerta.
En un comunicado conjunto, NILC y el “Center for Law and Social Policy” (CLASP), que aboga por la erradicación de la pobreza, condenaron que el presidente Donald Trump “esté tratando de lograr por la puerta trasera lo que no ha logrado vender al Congreso: amplias restricciones sobre la inmigración familiar y políticas punitivas que perjudicarían desproporcionadamente a las minorías”.
Se trata de una propuesta peligrosa que obligaría a las familias, incluyendo niños estadounidenses, a escoger entre solicitar la ayuda que necesitan, y obtener un estatus migratorio seguro para ellos o sus familias, agregaron.
Ambos grupos insistieron en que, en todo caso, el Congreso tendría que dar el visto bueno a cualquier cambio regulatorio en las leyes de inmigración.
 https://eldiariony.com

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