DESDE 2000 LA NARCOMILICIA Y EL ENTRAMADO POLÍTICO NARCO EMPRESARIAL SE MANTIENE INTACTO EN EL ESTADO. - .

La Actualidad

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viernes, 16 de junio de 2017

DESDE 2000 LA NARCOMILICIA Y EL ENTRAMADO POLÍTICO NARCO EMPRESARIAL SE MANTIENE INTACTO EN EL ESTADO.




Más que preocupante y sí un grave peligro público institucional, conocer de tantos generales y coroneles militares y policiales metidos en el narcotráfico. ¿Cómo es posible que la oficialidad y subalternos jóvenes toleren tales inconductas?
 Desde los pasados gobiernos de Leonel Fernández, en los que una importante membresía de ministros militares y comandantes de unidades y brigadas, así como uno que otro jefe de estado mayor fueron imputados o señalados como los cabezas del narco milicia, muchos creíamos que semejante ilícito institucional continuo había sido erradicado. Sin embargo, hete aquí, que el fenómeno criminal no ha sido descontinuado, sino que ahora tiene lo más parecido a un bajo perfil, en tanto en los organismos perseguidores del narco, hay la impresión, a nuestro juicio engañosa, de que han podido ser depurados, pero no así la policía, donde por lo visto, la anormalidad institucional resiste ser erradicada.
A todo esto, lo más sorprendente, es notar como en el Congreso Nacional y tanto senadores como diputados y en mayoría, no que son incapaces de actuar como cuerpos investigativos especiales vía sus comisiones militares y policiales respectivas, sino que simplemente, la impresión que se tiene, es que casi todos se niegan a efectuar ningún tipo de indagatoria y mucho menos llamar a interrogatorios abiertos, a los militares y policías de los que se conoce que están más que cercanos a la actividad ilícita. Precisamente por esa falta de entereza y responsabilidad de quienes, como parte del primer poder institucional del Estado, tienen todas las competencias para ahondar hasta las últimas consecuencias en las indagatorias que deben hacerse para enfrentar el narcotráfico dentro de los cuarteles, que muchos observamos, cómo los tentáculos de la narco milicia se mantienen operando y como si en realidad, ese atrofiado sector militar fuera una especie de estado dentro del Estado.
Por eso y para descubrirlo, solo bastaría con hacerle una auditoría forense a toda la oficialidad militar y policial y de segundo teniente hasta mayor general y con la que se lograría descubrir, que más del 75 % de los bienes y activos que ese estamento posee, sus integrantes son incapaces de demostrar que lo obtuvieron en base a salarios e ingresos lícitos y avalados por sus respectivas declaraciones de impuestos y certificadas por la autoridad de Impuestos Internos. Más aun, chequéense los aparentes negocios legales de muchos generales y coroneles, en activo y retirados y se descubrirá, que son nichos obtenidos en base al tráfico de influencias y la extorsión aceptada y apoyada por la corrupción política. Solo habría que recopilar todo lo relativo al tinglado mafioso civil y militar que tenía el capo Quirino Paulino y su enlace con el ministro militar de la época o los bienes “industrializados” de tantos oficiales militares y policiales a los que el Departamento de Estado estadounidense les ha revocado sus visados y para descubrir, que la cadena de enriquecimiento ilícito de uniformados y hasta ahora totalmente impune, se mantiene sin ningún tipo de obstáculo y menos, sujeta a investigación alguna.
 Lo grave es, que no hay militar o policía de raso a general, que no conozca o no haya escuchado hablar o haber descubierto la cantidad de colegas de uniforme metidos hasta el cuello en el narco, el sicariato y cuantas formas de extorsión pudieran concebirse e incluyendo la tolerancia al contrabando de mercancías o el tráfico ilícito de personas y para empezar con la mafia aquella dirigida por Figueroa Agosto y siguiendo con las colaterales que altos jefes militares y policiales cercanos al entonces presidente Leonel Fernández tenían en su haber y la otra de la milicia paralela al servicio de empresarios, banqueros y suplidores del Estado, que es el otro nicho de corrupción directa, que mancha y pervierte a la mayoría de los uniformados que caen en sus garras. Y conociendo esta realidad, ¿cómo es posible que la oficialidad joven no contaminada delictivamente, se muestre tan incapaz e incompetente para enfrentar la situación, que en su conjunto y ante la población, estigmatiza a los sectores militar y policial como una de las más importantes fuentes de ilícitos continuos desde el poder? La pregunta no es ociosa y sí más que pertinente y porque hablamos, de que, como producto de tantos ilícitos a gran escala, no se miente, si se dice, que, como producto de tantas irregularidades, esos militares y policías han logrado amasar fortunas y recursos superiores a los 30 mil millones de pesos en los últimos 21 años.
Pero hay más, pues las irregularidades militares y policiales, llegan al extremo, de que muchos generales y coroneles, son partícipes en el monopolio criminal del transporte de carga y que es la razón, del por qué la mafia de Fenatrado puede bloquear cualquier calle o carretera, cerrar puertos o aeropuertos o lanzar pandilleros a matar a otros transportistas que no se avengan a sus requerimientos y simplemente, porque sus socios en la policía, se quedan cruzados de brazos para que sus compinches del sindicato mafioso hagan los que les plazca y de paso, doblándole el brazo al mismo gobierno central. Incluso, desde que cualquier hijo de vecino sabe mucho más que quienes escribimos o hablamos en los medios de comunicación y de información de masas y porque al ser vecinos de castrenses y policías, observan día a día, quienes viven en la misma precariedad que el resto de los ciudadanos o quiénes son los otros que han dado un salto sorpresivo hacia un nivel y calidad de vida francamente inexplicable, se entiende, que no existen razones de ninguna especie, para que la autoridad nacional no haga lo correcto y hasta llegar a desarticular definitivamente, todas esas mafias de uniforme que son parte ostensible e impune de la grosera corrupción que ahoga a esta nación.
 Por ejemplo, con los primeros apresados por el Odebrechtgate, ¿quiénes fueron también los primeros en proteger en la cárcel provisional del palacio de justicia de Ciudad Nueva a todos esos delincuentes de cuello blanco? Exactamente sus particulares escoltas de uniforme, quienes raudos, llegaron primero ante la dotación policial y militar de la misma, a exigir el cuido y protección debida a sus jefes civiles y lo que se vio sin tapujos, en los diez días que estuvieron allí y luego en el celo extremo de esos escoltas, cuando les llevaban a la cárcel Najayo-Hombres, donde fueron entregados a otros uniformados y quienes rápidamente y sin importar lo que digan las autoridades carcelarias, les establecieron dos anillos de seguridad. Es decir, parecería que la delincuencia organizada desde el poder, ha llegado a unos niveles tan extraordinarios de impunidad e inmunidad y gracias a la deserción de responsabilidades de las autoridades civiles en los tres poderes interdependientes del Estado, que por lo visto, no solo que en este país se ha perdido la capacidad de asombro, sino que ante el secuestro militar y policial de todas las instituciones, parecería, que en el territorio nacional no existieran mecanismos legales e institucionales para combatirla y erradicarla.
 Solo así es que se explica, que grupos de empresarios y determinadas autoridades civiles y con su ramal protector de la narcomilicia, hubiesen logrado meter de contrabando más de 860 paquetes de cocaína y depositarla en una villa veraniega dizque cerrada en Juan Dolio y lo que viene a descubrirse, porque autoridades estadounidenses contra el narcotráfico y en base a acuerdos binacionales, pudieron detectar el ramal mafioso del grupo comercializador de esa droga en Puerto Rico y deteniendo con las manos en la masa, a nada menos que al coronel del Ejército, Rafael Collado Ureña, quien desde hacía cuatro años se le mantenía bajo vigilancia por parte de autoridades binacionales. ¿A cuánto ascendería la venta de esa droga?, a nada menos 200 millones de dólares estadounidenses aproximadamente. ¿Qué porcentaje de ese valor quedaría en manos de los delincuentes de uniforme dominicanos?, cerca del 30 %, o sea, 60 millones de dólares que serían lavados por los negocios e industrias de los empresarios y comerciantes y traficantes de influencias, socios de ese grupo de la narco milicia.
 ¿Qué nos dice esto?, que el narcotráfico se mantiene y como el primer día dentro del estamento militar y policial y aun así, los militares y policías que les repugna tanto ilícito, no hacen absolutamente nada para impedirlo o perseguirlo por sí mismos. Porque lo grave es esto y lo que vemos que está pasando con lo de Odebrechtgate, que, si los yanquis no se meten a desentrañar los ilícitos y obligar a las autoridades dominicanas a que actúen con drasticidad, absolutamente nada se resuelve y todo queda como si no pasara nada y si esa realidad no significa, que como país estamos cerca de ser catalogado como un Estado fallido, ya quisiéramos que se nos explicara lo que está pasando.
 Más lo otro, de los dueños de medios de comunicación y en particular electrónicos, cómplices de contrabando y de narcotráfico y quienes, conociéndose en el mundo mediático de su existencia, tampoco allí se hace lo correcto de denunciarlos y obligarlos a que fueran encauzados criminalmente. El colmo es, que uno de estos, no pierde oportunidad en mostrarse como el arroz y en cuanto acto palaciego de importancia entienda que debe asistir y así y todo tan frescos y nadie hace nada. Es de este modo y en líneas generales, que hemos llegado a preguntarnos, el cómo es posible y más que preocupante y sí un grave peligro público institucional, conocer de tantos generales y coroneles militares y policiales metidos en el narcotráfico. ¿Cómo es posible que la oficialidad y subalternos jóvenes toleren tales inconductas?
[DAG. Viernes, 16 de junio de 2017. Año XV. Número 5936].

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