Los delitos de prensa tienen y deben ser sancionados. Nadie está por encima de la Constitución - .

La Actualidad

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miércoles, 24 de febrero de 2016

Los delitos de prensa tienen y deben ser sancionados. Nadie está por encima de la Constitución





Los delitos de prensa tienen y deben ser sancionados. Nadie está por encima de la Constitución y menos de las leyes. Ser periodista no es un privilegio y sí un honor y una responsabilidad



Por años, los más ultraconservadores directores de periódicos matutinos de la prensa mercancía y la mayoría de ellos antiguos trujillistas de primera línea cuando la dictadura, se decidieron por no continuar abochornándose de su pasado de complicidad desinformativa, pretendiendo dar un paso extremo al querer que los delitos de prensa no existan y menos, que pudieran ser sancionados.
                              

      En base a tan peregrina pretensión. También por años, a los dos o tres directores trujillistas quienes originalmente buscaban las vías de cómo parapetarse judicialmente, al mismo tiempo enfrentaban al resto del periodismo y este, hijo del pos trujillismo, quienes esforzadamente reclamaban su derecho a sindicalizarse o asociarse y hasta obtener su propio colegio y a lo que con empecinamiento absurdo la asociación dominicana de diarios se opuso fehacientemente.

      Ahora, todo ese conjunto de intereses de la prensa periodística organizada dentro de una suerte de monopolio multiple de dos o tres grandes empresarios dueños del 95,7 % de los mass media nacionales en la prensa escrita, la radial y televisiva y últimamente la digital, donde la prensa tradicional mercancía la tiene no mas que como un calco de la escrita y jamás parecida a la independiente en los mass media digitales, se insiste en cuanto a que el Tribunal Constitucional se vaya contra el estado de derecho y lo peor, que se libere de culpas a un periodismo que todo el tiempo y salvo algunas pocas excepciones, ha estado afectado el buen nombre y honor e integridad de las personas.

      Como nosotros no aceptamos ni por asomo, que alguien se atreva a abogar porque los periodistas seamos unos intocables a los que ni la Constitución y menos las leyes nos lleguen y nos puedan castigar civil y penalmente por los excesos que cometamos en el ejercicio de la profesión, nos oponemos tenaz y radicalmente a la pretensión de ese grupo de autoritarios mediáticos, quienes entienden, que como empleados directores de mass media, el Poder Judicial tiene que declararles absolutamente inalcanzables para cualquier ciudadano o sector, que con toda la razón pudieran quejarse respecto a los delitos de prensa cometidos contra ellos.

      Por eso no podemos estar de acuerdo con la vagabundería de desquiciados que se pretende por parte de esos empleados periodísticos y quienes, por lo visto, de primera intención han podido engañar y hasta manipular a la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional y haciendo lo que, para muchos, presumiblemente es su mejor oficio: Chantajear a quienes no les complacen y entonces les presionan y hasta obligarles a la fuerza.

      Gracias a Dios, que quienes se atrevieron a divulgar uno o tres párrafos del dispositivo de una sentencia, que hasta ahora se ha dicho que ha sido emitida por el TC, pero lo que no se ha comprobado. Semejante estupidez, ha provocado que la mayoría de los jueces del TC y ya en una especie de cámara de consejo, se hubiesen decidido por evaluar bien el borrador de la posible sentencia y de manera que se atienda los criterios y opiniones de quienes criticamos a los empleados directores de periódicos escritos, quienes tan empecinadamente aspiran a que el TC les favorezca e imponga una sentencia totalmente atrevida y de extrema inequidad.

      ¿Cómo es posible que empleados periodísticos que representan a los mass media que dirigen y que son propiedad de empresarios, hayan caído en semejante error de procedimiento?, porque todos ellos y como los trujillistas a escondidas que son, impusieron la auto censura periodística contra los mismos periodistas, comentaristas y redactores que trabajan a sus órdenes y de ahí, que ahora y entendiéndose intocables, se hubiesen atrevido por presionar al TC y para que este les pudiera servir una sentencia a su medida, que imponga que los directores de mass media de la prensa mercancía sobretodo y sus periodistas subalternos, sean tratados como ciudadanos superiores e intocables por las leyes.

      De ahí que teniendo un pensamiento tan obtuso, realmente se hubiesen decidido por librar una batalla inútil y que de suyo desacredita a ese periodismo mercancía y tanto, que en cualquier momento veremos como los propios dueños de esos mass media serán los primeros en impartir órdenes y de manera que para el resto de la nación sea inequívoco que los empresarios periodísticos no aprueban la gran torpeza de sus empleados y por consiguiente, ordenen que se archive la propuesta que tanto han pregonado.

      Solo hay que ver, que si en una nación como la dominicana, donde en líneas generales, cada quien trata de hacer lo que le venga en ganas, de buenas a primeras viene el Tribunal Constitucional y dice a la ciudadanía que los mass media y periodistas son privilegiados de la sociedad a los que no se les puede juzgar por algún delito de palabra que perpetren y conociéndose, que casi el 100 % de las emisiones basura, radiales y televisivas son de puro insultos, difamaciones e injurias a gran escala, ¿qué no sucedería si efectivamente y como dicen los empleados periodísticos, que el TC ha dictado semejante sentencia a su favor?

      En consecuencia, los dominicanos tenemos que oponernos y radicalmente a la absurda pretensión que esos empleados periodísticos aspiran y lo que hasta ahora, nunca fue discutido en ninguna redacción y menos desde el Colegio de Periodistas no se motorizó una especie de consulta interna que determinara el nivel de apoyo que la posibilidad que se quiere pudiera ser acogida. Con razón, ayer mismo, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) calificó de “discriminatoria, parcial e incompleta” el susodicho “dispositivo” sobre una sentencia que aún no se conoce y que supuestamente y de acuerdo a los directores empleados periodísticos que la divulgaron, “es una sentencia emitida la semana pasada por el Tribunal Constitucional (TC) y que elimina la privación de libertad por delitos de palabra”. El presidente del CDP preciso que lo decía, porque “libera de responsabilidad a ejecutivos y propietarios de medios de comunicación, en caso de persecución judicial, pero deja solo, desamparados y sin apoyo a los periodistas, reporteros, empleados de los medios, lo cual es injusto”. Olivo de León, presidente de la entidad, señaló, no obstante, que la posición final del gremio relacionada con este caso “quedará definida una vez revisen la sentencia en su totalidad, ya que sólo han tenido acceso al dispositivo por no estar disponible el documento en el tribunal”.

En este sentido, fue a la cañona que esos empleados periodísticos a nivel de directores actuaron y prevalidos de una supuesta preponderancia sobre el resto de sus conciudadanos y las instituciones y demás organizaciones periodisticas, pretendieron caerle en trullas y como los pavos, a todo la población y mediante sus editoriales, querer doblegar a todo el mundo y solo, porque además se entienden dueños del monopolio de la palabra y que nadie les puede refutar y porque supuestamente, en materia periodística, ellos son los que trazan las pautas y lo que no es así.
 
      Ahora y gracias a Dios, estamos viendo que la ola totalitaria periodística ha empezado a bajar nivel, que los mismos jueces involucrados por esos directores de medios empiezan a juzgar con cuidado lo que aquellos y de ligeros han dicho que el dispositivo de la sentencia que comentan dice y por eso, que ya sepamos, que hay un replanteamiento de criterios, por medio de los cuales, en el Tribunal Constitucional van a tomarse el tiempo necesario para que si en verdad se emite la sentencia que se comenta, esta no transgreda los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que por nada del mundo ningún periodista o medio de comunicación y de información de masas se considere superior a todos los demás ciudadanos e impunemente pudiera imponer sus directrices autoritarias al resto del conglomerado social.

      La situación es tal, que ya a la mañana de ayer, el matutino fundado por Trujillo, editorializó remarcando que “la acción incoada por tres directores de periódicos” y de los que dijo están acompañados por la fundación de un periodista asociado a Funglode, resaltó, que “si se lee con un mínimo de atención lo conocido, se ve que, contrario a lo que muchos han pensado, se mantiene la prisión al delito de difamación contra la dignidad de las personas, y sin embargo se libera de ese castigo cuando los alegatos estén relacionados con el desempeño de determinadas funciones públicas. La sentencia al menos descarga a los periódicos, y particularmente a los directores, de la responsabilidad en cascada prevista en el artículo 46 de la ley 6132, lo que ya era insostenible porque contradice el artículo 40 de la Constitución de la República, que en su acápite 14) señala que “nadie es penalmente responsable por el hecho de otro”. Por demás, el Tribunal Constitucional deja intactos los artículos 32, 33, 39 y 40 de la ley 6132. La difamación con relación a la vida privada de las personas prevé prisión de quince días a seis meses y multas, de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley. Asimismo, al eludir el abordaje a los artículos 368 al 372 del Código Penal, el Constitucional lo que hace es robustecer y legitimar el régimen de prisión por los delitos de prensa. De modo que no hay que celebrar demasiado esa sentencia”.

      Por lo menos. tal reacción denota prudencia de parte de los dueños de ese matutino y con lo que, sin duda, marca el paso sensato en la dirección correcta, toda vez que los delitos de prensa tienen y deben ser sancionados. Nadie está por encima de la Constitución y menos de las leyes. Ser periodista no es un privilegio y sí un honor y una responsabilidad. [DAG. Miércoles, 24 de febrero de 2016. Año XIV. Número 5512]

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