viernes, 16 de junio de 2017

DESDE 2000 LA NARCOMILICIA Y EL ENTRAMADO POLÍTICO NARCO EMPRESARIAL SE MANTIENE INTACTO EN EL ESTADO.




Más que preocupante y sí un grave peligro público institucional, conocer de tantos generales y coroneles militares y policiales metidos en el narcotráfico. ¿Cómo es posible que la oficialidad y subalternos jóvenes toleren tales inconductas?
 Desde los pasados gobiernos de Leonel Fernández, en los que una importante membresía de ministros militares y comandantes de unidades y brigadas, así como uno que otro jefe de estado mayor fueron imputados o señalados como los cabezas del narco milicia, muchos creíamos que semejante ilícito institucional continuo había sido erradicado. Sin embargo, hete aquí, que el fenómeno criminal no ha sido descontinuado, sino que ahora tiene lo más parecido a un bajo perfil, en tanto en los organismos perseguidores del narco, hay la impresión, a nuestro juicio engañosa, de que han podido ser depurados, pero no así la policía, donde por lo visto, la anormalidad institucional resiste ser erradicada.
A todo esto, lo más sorprendente, es notar como en el Congreso Nacional y tanto senadores como diputados y en mayoría, no que son incapaces de actuar como cuerpos investigativos especiales vía sus comisiones militares y policiales respectivas, sino que simplemente, la impresión que se tiene, es que casi todos se niegan a efectuar ningún tipo de indagatoria y mucho menos llamar a interrogatorios abiertos, a los militares y policías de los que se conoce que están más que cercanos a la actividad ilícita. Precisamente por esa falta de entereza y responsabilidad de quienes, como parte del primer poder institucional del Estado, tienen todas las competencias para ahondar hasta las últimas consecuencias en las indagatorias que deben hacerse para enfrentar el narcotráfico dentro de los cuarteles, que muchos observamos, cómo los tentáculos de la narco milicia se mantienen operando y como si en realidad, ese atrofiado sector militar fuera una especie de estado dentro del Estado.
Por eso y para descubrirlo, solo bastaría con hacerle una auditoría forense a toda la oficialidad militar y policial y de segundo teniente hasta mayor general y con la que se lograría descubrir, que más del 75 % de los bienes y activos que ese estamento posee, sus integrantes son incapaces de demostrar que lo obtuvieron en base a salarios e ingresos lícitos y avalados por sus respectivas declaraciones de impuestos y certificadas por la autoridad de Impuestos Internos. Más aun, chequéense los aparentes negocios legales de muchos generales y coroneles, en activo y retirados y se descubrirá, que son nichos obtenidos en base al tráfico de influencias y la extorsión aceptada y apoyada por la corrupción política. Solo habría que recopilar todo lo relativo al tinglado mafioso civil y militar que tenía el capo Quirino Paulino y su enlace con el ministro militar de la época o los bienes “industrializados” de tantos oficiales militares y policiales a los que el Departamento de Estado estadounidense les ha revocado sus visados y para descubrir, que la cadena de enriquecimiento ilícito de uniformados y hasta ahora totalmente impune, se mantiene sin ningún tipo de obstáculo y menos, sujeta a investigación alguna.
 Lo grave es, que no hay militar o policía de raso a general, que no conozca o no haya escuchado hablar o haber descubierto la cantidad de colegas de uniforme metidos hasta el cuello en el narco, el sicariato y cuantas formas de extorsión pudieran concebirse e incluyendo la tolerancia al contrabando de mercancías o el tráfico ilícito de personas y para empezar con la mafia aquella dirigida por Figueroa Agosto y siguiendo con las colaterales que altos jefes militares y policiales cercanos al entonces presidente Leonel Fernández tenían en su haber y la otra de la milicia paralela al servicio de empresarios, banqueros y suplidores del Estado, que es el otro nicho de corrupción directa, que mancha y pervierte a la mayoría de los uniformados que caen en sus garras. Y conociendo esta realidad, ¿cómo es posible que la oficialidad joven no contaminada delictivamente, se muestre tan incapaz e incompetente para enfrentar la situación, que en su conjunto y ante la población, estigmatiza a los sectores militar y policial como una de las más importantes fuentes de ilícitos continuos desde el poder? La pregunta no es ociosa y sí más que pertinente y porque hablamos, de que, como producto de tantos ilícitos a gran escala, no se miente, si se dice, que, como producto de tantas irregularidades, esos militares y policías han logrado amasar fortunas y recursos superiores a los 30 mil millones de pesos en los últimos 21 años.
Pero hay más, pues las irregularidades militares y policiales, llegan al extremo, de que muchos generales y coroneles, son partícipes en el monopolio criminal del transporte de carga y que es la razón, del por qué la mafia de Fenatrado puede bloquear cualquier calle o carretera, cerrar puertos o aeropuertos o lanzar pandilleros a matar a otros transportistas que no se avengan a sus requerimientos y simplemente, porque sus socios en la policía, se quedan cruzados de brazos para que sus compinches del sindicato mafioso hagan los que les plazca y de paso, doblándole el brazo al mismo gobierno central. Incluso, desde que cualquier hijo de vecino sabe mucho más que quienes escribimos o hablamos en los medios de comunicación y de información de masas y porque al ser vecinos de castrenses y policías, observan día a día, quienes viven en la misma precariedad que el resto de los ciudadanos o quiénes son los otros que han dado un salto sorpresivo hacia un nivel y calidad de vida francamente inexplicable, se entiende, que no existen razones de ninguna especie, para que la autoridad nacional no haga lo correcto y hasta llegar a desarticular definitivamente, todas esas mafias de uniforme que son parte ostensible e impune de la grosera corrupción que ahoga a esta nación.
 Por ejemplo, con los primeros apresados por el Odebrechtgate, ¿quiénes fueron también los primeros en proteger en la cárcel provisional del palacio de justicia de Ciudad Nueva a todos esos delincuentes de cuello blanco? Exactamente sus particulares escoltas de uniforme, quienes raudos, llegaron primero ante la dotación policial y militar de la misma, a exigir el cuido y protección debida a sus jefes civiles y lo que se vio sin tapujos, en los diez días que estuvieron allí y luego en el celo extremo de esos escoltas, cuando les llevaban a la cárcel Najayo-Hombres, donde fueron entregados a otros uniformados y quienes rápidamente y sin importar lo que digan las autoridades carcelarias, les establecieron dos anillos de seguridad. Es decir, parecería que la delincuencia organizada desde el poder, ha llegado a unos niveles tan extraordinarios de impunidad e inmunidad y gracias a la deserción de responsabilidades de las autoridades civiles en los tres poderes interdependientes del Estado, que por lo visto, no solo que en este país se ha perdido la capacidad de asombro, sino que ante el secuestro militar y policial de todas las instituciones, parecería, que en el territorio nacional no existieran mecanismos legales e institucionales para combatirla y erradicarla.
 Solo así es que se explica, que grupos de empresarios y determinadas autoridades civiles y con su ramal protector de la narcomilicia, hubiesen logrado meter de contrabando más de 860 paquetes de cocaína y depositarla en una villa veraniega dizque cerrada en Juan Dolio y lo que viene a descubrirse, porque autoridades estadounidenses contra el narcotráfico y en base a acuerdos binacionales, pudieron detectar el ramal mafioso del grupo comercializador de esa droga en Puerto Rico y deteniendo con las manos en la masa, a nada menos que al coronel del Ejército, Rafael Collado Ureña, quien desde hacía cuatro años se le mantenía bajo vigilancia por parte de autoridades binacionales. ¿A cuánto ascendería la venta de esa droga?, a nada menos 200 millones de dólares estadounidenses aproximadamente. ¿Qué porcentaje de ese valor quedaría en manos de los delincuentes de uniforme dominicanos?, cerca del 30 %, o sea, 60 millones de dólares que serían lavados por los negocios e industrias de los empresarios y comerciantes y traficantes de influencias, socios de ese grupo de la narco milicia.
 ¿Qué nos dice esto?, que el narcotráfico se mantiene y como el primer día dentro del estamento militar y policial y aun así, los militares y policías que les repugna tanto ilícito, no hacen absolutamente nada para impedirlo o perseguirlo por sí mismos. Porque lo grave es esto y lo que vemos que está pasando con lo de Odebrechtgate, que, si los yanquis no se meten a desentrañar los ilícitos y obligar a las autoridades dominicanas a que actúen con drasticidad, absolutamente nada se resuelve y todo queda como si no pasara nada y si esa realidad no significa, que como país estamos cerca de ser catalogado como un Estado fallido, ya quisiéramos que se nos explicara lo que está pasando.
 Más lo otro, de los dueños de medios de comunicación y en particular electrónicos, cómplices de contrabando y de narcotráfico y quienes, conociéndose en el mundo mediático de su existencia, tampoco allí se hace lo correcto de denunciarlos y obligarlos a que fueran encauzados criminalmente. El colmo es, que uno de estos, no pierde oportunidad en mostrarse como el arroz y en cuanto acto palaciego de importancia entienda que debe asistir y así y todo tan frescos y nadie hace nada. Es de este modo y en líneas generales, que hemos llegado a preguntarnos, el cómo es posible y más que preocupante y sí un grave peligro público institucional, conocer de tantos generales y coroneles militares y policiales metidos en el narcotráfico. ¿Cómo es posible que la oficialidad y subalternos jóvenes toleren tales inconductas?
[DAG. Viernes, 16 de junio de 2017. Año XV. Número 5936].

domingo, 11 de junio de 2017

TODOS LOS IMPUTADOS POR ODEBRECHT SON LOS PEORES CRIMINALES CONTRA LA NACIÓN Y COMO TAL DEBEN Y TIENEN QUE SER TRATADOS.



 ENTONCES quiere decir, ¿que no importa el ilícito que se cometa y aun cuando el más grave sea el robarse los dineros públicos por medio de estafas y fraudes y su colateral de recibir sobornos como funcionario público para viabilizar un propósito de negocios o de inversión particular, si el detenido es del partido de gobierno o multimillonario, automáticamente se gana que en el recinto carcelario donde vaya, hasta su familia puede ir previamente y con obreros y albañiles a acondicionarle su celda y tal como si fuera un apartamento de clase media alta?,

 ¿no entenderán en el gobierno, que permitir tal privilegio, aumenta la irritación ciudadana y a las personas no les quedan ganas alguna de apoyarle? Debe revocarse la disposición administrativa que ordena el acondicionamiento de celdas a presos de cuello blanco como lo son los de Odebrecht. Todos deben ir a los recintos carcelarios sin ningún tipo de privilegio, exactamente igual que todos los demás 25 mil presos que hay en ellos y de los cuales el 60 % es preventivo, pues el hecho cometido de aprovechar sus posiciones públicas para engañar a la nación y enriquecerse ilícitamente, es mucho peor que el peor de los crímenes, como es el de asesinar a otro. 

Todos los imputados por Odebrecht son los peores criminales contra la nación y como tal deben y tienen que ser tratados. En el caso del reo Angel Rondón y dado que él es la pieza clave para identificar a todos los demás que aún no han sido detenidos (salvo si ya la procuraduría general de la República, los conoce y en cualquier momento pueden ser detenidos) se impone determinado trato de seguridad y de aislamiento, pero sin privilegio alguno y sabiéndose, que si bien por traficante de influencias no se le puede colocar ninguna penalidad, como canalizador de sobornos hiriendo la salud de la República y sus instituciones, deben conocer la cárcel en su rudeza más extrema…



ABUSIVAMENTE y actuando como cómplices de los legisladores que recibieron sobornos, los plenos de las cámaras legislativas se han negado a obtemperar al requerimiento judicial y con lo que de hecho se constituyen en cómplices de los legisladores imputados , por lo que ahora solo queda esperar el 25 de julio, cuando se cierra la legislatura y los legisladores imputados podrán ser detenidos a lo inmediato y donde quiera que se encuentren. Ahora bien, esa sucia complicidad legislativa deberá de avisarle a la ciudadanía y en particular a quienes son electores, que para las elecciones de 2020, NINGUNO de esos legisladores cómplices por permitir crímenes contra el Estado se les podría reelegir, sino que hay que sustituirlos por personas que sean moralmente inobjetables…



SI por lo del Odebrechtgate, al final resulta que no pasará nada y solo un escarceo mediáticojurídico para ocultar complicidades desvergonzadas de personas de poder en los tres poderes interdependientes del Estado y dada la atención estadounidense al respecto, los que mandan deberían saber, que si esto ocurre, que la impunidad continúe por sus fueros. Seguro que la inversión extranjera disminuirá, terminará la capacidad negociación para firmar nuevos tratados internacionales y los fondos de ayudas para el subdesarrollo quedarían eliminados y hasta represalias estadounidenses, bloqueando por lo menos la mitad del otorgamiento de visados turísticos a simples ciudadanos dominicanos y porque República Dominicana quedaría proscrita como nación en la que el estado de derecho no existe


EN el gobierno y con eso de buscarle un bajadero para que los presos por Odebrecht no sientan el rigor de la cárcel que les toca por sus crímenes contra los dineros de los contribuyentes, deben saber este detalle: La mayoría ciudadana no acepta que desde el Palacio Nacional se burlen del país propiciando medidas controversiales para proteger a personas-funcionarios del PLD o no, que hayan delinquido. Hacerlo, puede costarle un bajón en su popularidad y por más que sus encuestas maquilladas digan lo contrario

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